Nuestro enfoque

Una actividad minera ocupa terrenos que las personas utilizan, y sus efectos se soportan localmente mientras que sus beneficios se distribuyen con frecuencia en otros lugares. Esa asimetría es la razón por la que el desempeño social exige un marco y no buena voluntad. El nuestro está diseñado para hacer tres cosas: establecer cuáles son los efectos antes de que ocurran, dar a las personas afectadas una vía para plantear lo que la evaluación omitió, y registrar lo que prometimos para que pueda verificarse.

Registramos un compromiso asumido con una comunidad en una reunión, en un instrumento ambiental o en un acuerdo, con la persona que lo asumió, la fecha, el contenido y la fecha en la que debe cumplirse. Revisamos el registro en un ciclo definido y reportamos el estado de cada compromiso a la comunidad correspondiente. Esto existe porque la falla más común en las relaciones comunitarias no es la negativa sino el olvido progresivo: un compromiso asumido por una persona, en una reunión, del que después nadie se hace responsable.

La responsabilidad por el relacionamiento con los grupos de interés, por la gestión de reclamos y por la comunicación apropiada para las comunidades de que se trate está asignada dentro del Grupo y señalada en la política que la rige. Lo mismo ocurre con la responsabilidad por los arreglos de desempeño social, por la implementación de la política y por el apoyo a la evaluación de impacto y al reporte. Nuestros equipos de operaciones son responsables de aplicar la política en la actividad diaria y de los compromisos asumidos con las comunidades respecto de sus operaciones. La responsabilidad por identificar los requisitos legales aplicables, y sus cambios, se asigna de la misma manera.

La responsabilidad por el monitoreo y por el reporte de sus resultados está asignada dentro del Grupo y señalada en la política que la rige. El monitoreo abarca los espacios de relacionamiento realizados y los asuntos planteados, los reclamos recibidos, el tiempo empleado en atenderlos y su resultado, el empleo local y las compras locales, la actividad de inversión comunitaria y los comentarios de los grupos de interés. Las auditorías sociales y las visitas de campo se realizan en el ciclo establecido en la política que las rige, incluida la consulta con las comunidades de que se trate, y estos arreglos se someten a revisión ejecutiva en ese ciclo a la luz de los hallazgos de auditoría, los aportes de la comunidad y la evolución normativa.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; las Normas de Desempeño de la IFC, en particular la Norma de Desempeño 5 sobre adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, la Norma de Desempeño 7 sobre pueblos indígenas y la Norma de Desempeño 8 sobre patrimonio cultural; las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable; y, como referencia de estructuración para la presentación de la información, la ESRS S3 sobre comunidades afectadas.